El Tribunal Superior de Bogotá absolvió este martes a Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, luego de que en agosto se convirtiese en el primer expresidente de la República de Colombia en ser condenado en un proceso penal en primera instancia. 

El Tribunal ha revocado la condena impuesta al expresidente por el delito de soborno en actuación penal dentro del proceso relacionado con el testigo Carlos Enrique Vélez Ramírez. Según la lectura realizada por el magistrado Manuel Antonio Merchán, las pruebas practicadas en el juicio no demostraron el vínculo doloso necesario para señalar a Uribe como determinador de una conducta punible.

"La sentencia incurrió en error", sostuvo el juez, quien también adujo "valoración sesgada de prueba".

"El Tribunal concluye que no se acreditó responsabilidad más allá de toda duda razonable y revoca la condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez en este evento", señaló, antes de comenzar la lectura sobre la acusación de fraude procesal.

Además, en el caso de Euridice Cortés Velasco, alias Diana, el Tribunal también revocó la condena de soborno en actuación penal contra el exmandatario por falta de sustento probatorio. Asimismo, también revoca la condena por el mismo delito en el caso de Juan Guillermo Monsalve.

Luego de solventar un problema técnico en la sesión virtual, Merchán anuló la histórica sentencia contra el exmandatario sobre fraude procesal, de manera que lo dejó libre de toda responsabilidad penal.

"La ausencia de prueba directa diferencial sobre la falsedad y artificio idóneo, impide configurar el tipo penal de fraude procesal, por ello, se ha de revocar la sentencia en primera instancia", aseguró.

Condenado a 12 años en primera instancia

El exmandatario, de 73 años, fue condenado en primera instancia por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal a 12 años de prisión domiciliaria, una multa de 3.444 millones de pesos (alrededor de 830.000 dólares) y a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo de 100 meses. Se le encontró culpable de encabezar un entramado de manipulación de testigos entre 2017 y 2018.

Los objetivos de esa red eran, según esa sentencia, conseguir la retractación del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve y desvirtuar lo que éste junto al también exparamilitar Pablo Hernán Sierra habían contado al senador Iván Cepeda sobre los presuntos vínculos de los hermanos Uribe con la conformación del frente paramilitar Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La sala de decisión del Tribunal Superior de Bogotá decidió en algo menos de dos meses sobre los recursos de apelación presentados por los abogados de Uribe, Jaime Granados y Jaime Lombana, así como el presentado por la Procuraduría General de la Nación.

Al borde de la prescripción

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La apelación contra la sentencia condenatoria contra Uribe llegó en un momento en el que se avisaba de que si no se adoptaba un fallo en segunda instancia antes del 16 de octubre la acción penal prescribiría y el expresidente quedaría totalmente exonerado.

A pesar de que el mismo Uribe presentó su renuncia a la prescripción del caso ante el Tribunal, la sala aceleró los tiempos para tomar su decisión y alistó su sentencia en menos de dos meses, anunciándola el 15 de octubre, un día antes de la fecha límite.

Uribe llegó a ser retenido en su residencia de Rionegro, en Antioquía, por orden de la jueza que llevó su caso en primera instancia. Sin embargo, recuperó su libertad tan solo unos días después gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

En opinión del abogado Carlos Mario Patiño, la sentencia mayoritaria de la Sala del Tribunal Superior de Bogotá lo que hace es desvirtuar las pruebas que se practicaron, la interceptación, que todo el país escuchó. "Evidentemente, es un fallo que tiene todo el impacto político en la agenda nacional", afirmó.