México decide si investigar políticos en consulta popular
Esto fue resultado de la petición que López Obrador hizo en septiembre de 2020, aprobada por el Congreso de la Unión y cuya materia fue declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, sin embargo, modificó la pregunta original. Erróneamente promocionada o criticada como una consulta para «enjuiciar a expresidentes», no involucra a la Fiscalía General de la República, al poder Judicial, a «casos puntuales, ni se enfoca en señalar a personas en específico». No obstante, se ha planteado que sí podría dar pie a mecanismos, como las comisiones de la verdad y, eventualmente, a investigaciones.
La consulta popular de México de 2021, oficialmente denominada Consulta Popular 2021 por el organismo electoral,5 se llevará a cabo el 1 de agosto de 2021. Es organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y busca consultar a los ciudadanos sobre si efectuar «las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos».6 Constará de una única pregunta:5¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Ya desde el periodo de transición gubernamental, el en ese entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que habría en su gobierno una consulta legal para preguntar a los ciudadanos sobre si se deberían promover juicios en contra de los expresidentes, desde Carlos Salinas de Gortari, y para revisar sus «responsabilidades en delitos de corrupción y otros». No obstante, también aseguró que hacerlo sería «conspirar contra la estabilidad política del país» y se posicionó a favor de una política de «punto final».10 Originalmente planeada para marzo de 2019, López Obrador optó por posponerla a la espera de las reformas constitucionales que regularan estos ejercicios,11 publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de diciembre siguiente.12
Finalmente, después de esfuerzos ciudadanos en búsqueda de la consulta,13 el presidente presentó formalmente el 15 de septiembre de 2020 una petición de consulta popular al Senado de la República sobre el posible enjuiciamiento de los exmandatarios,14 que justificaba en «los desastres humanos, sociales y nacionales sufridos por el país durante esos 30 años [que] fueron resultado de una suma de actos voluntarios irracionales por parte de quienes lo gobernaron en ese lapso».15 Originalmente, la propuesta planteaba la pregunta:14
¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?
Posteriormente, el mismo día, la Cámara de Senadores envió la propuesta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para determinar su constitucionalidad.16 Previendo una posible negativa, el presidente advirtió que, de encontrarla inconstitucional, optaría por una modificación al artículo 35 —sobre el derecho de petición nacional— de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.17 En este sentido, aunque se pronosticaba su rechazo, quince días después, el 1 de octubre, el tribunal determinó —con seis votos a favor y cinco en contra— constitucional la materia de la consulta, pero optó por reformular la pregunta. Con esto se descartó un proyecto propuesto por el ministro Luis María Aguilar, que la consideraba un «concierto de inconstitucionalidades» por vulnerar la «presunción de inocencia [de los exmandatarios] y subrayaba que la justicia no se puede someter a consulta».18 En contraste, el presidente del órgano, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, argumentó que la SCJN debía fungir como «puente que permita a todas las personas intervenir en las grandes discusiones nacionales con pleno respeto al marco constitucional», mientras que otros ministros votaron a favor luego de modificarse la pregunta, que quedó reformulada:19
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?